Este lunes se cumplen diez años del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, líder indígena lenca, feminista y ambientalista, en su casa de la localidad hondureña La Esperanza, cuando estaba a punto de cumplir los 45 años.
Cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993 y ganadora del Premio Goldman en 2015, el más prestigioso del mundo para activistas de medio ambiente, llevaba años recibiendo amenazas de muerte y ya tenía medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su oposición a la presa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque.
La construcción de la presa fue impulsada por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anómina) en tierras ancestrales de indígenas lencas contra la voluntad de la inmensa mayoría de sus habitantes y su impacto ambiental iba a perjudicar la vida de las comunidades.
Su asesinato provocó un terremoto político y judicial en uno de los países con mayores índices de impunidad y obligó a investigar, detener, juzgar y condenar a los culpables materiales e intelectuales, incluidos altos directivos de DESA.
Rosalina Domínguez, tesorera del COPINH, me contó que en 2006 "empezaron las amenazas y el hostigamiento contra los indígenas por parte de DESA".
En 2022, el Congreso Nacional de Honduras la declaró "heroína nacional" y el pasado 25 de enero, en el marco del Día de la Mujer hondureña, se presentó oficialmente un billete de 200 lempiras (poco más de seis euros) con su rostro, convirtiéndose en la primera mujer que figura en un billete en la historia del país.
El décimo aniversario del crimen horrendo también ha coincidido con la presentación de un informe internacional realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH, donde se expone "la trama financiera y la red criminal que planeó y ejecutó su asesinato".
La investigación ha logrado establecer que la empresa DESA "desvió el 67% de más de 18.5 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del banco holandés FMO para fines distintos a la construcción de la represa". Con ese dinero "financiaron una campaña de persecución que incluyó espionaje ilegal, contratación de grupos armados, pagos a funcionarios públicos y periodistas, y finalmente, el plan para asesinar a Berta Cáceres".
Altos ejecutivos y accionistas de DESA, responsables intelectuales del asesinato, actuaron en coordinación con exmilitares y un miembro de inteligencia del Ejército hondureño. Pero todavía sigue prófugo de la justicia el principal sospechoso de la autoría intelectual, Daniel Atala Midence, miembro de la familia dueña de DESA.
El informe acusa directamente al estado hondureño de manejar "información concreta y en tiempo real que alertaba sobre su planificación, incluyendo interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores". En definitiva, "el crimen fue previsible y prevenible".
En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó las sentencias contra siete condenados por el asesinato de Berta Cáceres
Ya en noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó las sentencias contra siete condenados por el asesinato de Berta Cáceres y el homicidio frustrado contra el ambientalista mexicano Gustavo Castro, el único testigo ocular de los hechos al estar alojado como huésped en la casa la noche del ataque criminal.
Tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, se aprobó una ley que permitía la privatización de los recursos hídricos del país para beneficiar a las familias oligárquicas y las trasnacionales extractivistas. Sólo en una noche de setiembre de 2010 "se aprobó la construcción de cuarenta represas hidroeléctricas sin ningún debate o estudio de impacto ambiental", según recoge Nina Lakhani en su libro ¿Quién mató a Berta Cáceres?, publicado en 2020.
La Ong Entrepueblos, con años de experiencia en Honduras, denunció que "también se aprobaron otras 123 pequeñas hidroeléctricas y varios proyectos con grandes infraestructuras turísticas".
El número de proyectos mineros se disparó hasta 384 y se multiplicaron los cultivos extensivos de palma africana que consumen la misma cantidad de agua que 18 millones de personas, casi el doble de la población hondureña.
Rosalina Domínguez, tesorera del COPINH, me contó que en 2006 "empezaron las amenazas y el hostigamiento contra los indígenas por parte de DESA". En julio de 2013 fue asesinado Tomás García, auxiliar de la comunidad y miembro del COPINH. La empresa le había ofrecido 20.000 lempiras (unos 740 euros) que se negó a aceptar. Un mes después fue asesinado y su hijo herido por disparos de un militar en activo. Madre de once hijos, Rosalina reflexionaba: "No entienden que no sentimos amor por el dinero. Lo que queremos es mantener puros nuestro valle y río para pescar y bañarnos".
Persecución contra la comunidad
Tras el asesinato de Tomás García, Berta Cáceres escribió en octubre de 2013 una carta al banco de desarrollo holandés antes de que tomase la decisión de invertir en la represa en la que detallaba "las múltiples violaciones en relación con la venta de tierras, licencias, permisos, contratos en medio de una campaña de violencia y criminalización de los líderes lenca”, según recoge Nina Lahkani en su libro. El banco se negó a retirarse del proyecto, pero "cambio de opinión después de que Berta fuese asesinada".
La persecución contra la comunidad lenca se extendió por varias zonas de Honduras. En La Jarcia (Intibucá), 23 personas adultas y 26 niños y niñas ocuparon en 2009 24 manzanas (una manzana equivale a 0,70 hectáreas o 700 metros cuadrados) de tierras ancestrales y baldías tras cansarse de vivir de alquiler.
"Construimos nuestras casas y plantamos frijol, maíz, yuca, remolacha hasta que cuatro meses después apareció un hombre asegurando que las tierras eran suyas"
"Construimos nuestras casas y plantamos frijol, maíz, yuca, remolacha hasta que cuatro meses después apareció un hombre asegurando que las tierras eran suyas", recordaba años después María Catalina Rodríguez Vásquez. La denuncia acabó en los tribunales y los indígenas sufrieron amenazas. En 2015, la policía ordenó desalojar las casas que destruyeron con maquinaria pesada.
El COPINH consiguió medidas cautelares de protección dictadas por la CIDH. "Los tribunales retiraron los cargos en diciembre de 2017", explicaba María Catalina frente a sus casas destruidas.
Bertha Isabel Zuñiga Cáceres, que se convirtió en la coordinadora general del COPINH tras el asesinato de su madre Berta Cáceres, aseguró hace años a este periodista que "el golpe de Estado de 2009 y el fraude electoral de 2017 permitieron a los gobernantes crear un clima de impunidad y abrir una etapa de represión dura y selectiva y se disparó la inseguridad de los activistas".
Entre 2010 y 2017, Honduras se convirtió en el país más mortífero del mundo para los defensores del medio ambiente y los recursos naturales que luchaban contra las empresas mineras, cementeras o constructoras de represas con 120 activistas asesinados, según los informes de Global Witness. En esos años ejercer la abogacía también se convirtió en la antesala de la muerte con 151 letrados asesinados. Los periodistas que intentaban investigar las irregularidades que se cometían y denunciaban las persecuciones de los activistas se convirtieron en víctimas mortales preferenciales.
"No podemos hablar de energía limpia cuando se invade y despoja a comunidades y se produce violencia y muerte"
La jueza Esther Flores, que presidió el juicio contra los responsables materiales del asesinato de Berta Cáceres, afirmó en noviembre de 2018 durante sus conclusiones que "los ejecutivos de la empresa DESA conspiraron para reprimir y socavar el movimiento lenca y asesinar a su lideresa". El veredicto fue justo pero, como se preguntó la periodista Nina Lakhani "¿se hizo justicia con tantos interrogantes que seguían sin responder?".
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones por los Derechos Humanos recordó en agosto de 2019 que en Honduras "demasiado a menudo las empresas y los inversores se benefician de la corrupción e ignoran su responsabilidad de respetar los derechos humanos".
Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, dijo que la justicia fue parcialmente satisfecha, pero "en crímenes como el de Berta Cáceres, centrarse sólo en los autores materiales, resulta insuficiente para combatir la impunidad y no identifica a los grupos de poder que pueden estar detrás de las violaciones de los derechos humanos".
Proyectos "verdes" que dejaron de ser justos
El asesinato de Berta Cáceres también puso en jaque los argumentos de los defensores de la transición energética. Los proyectos llamados "verdes" dejaron de ser justos cuando se impusieron a las comunidades indígenas sin consultarles. "No podemos hablar de energía limpia cuando se invade y despoja a comunidades y se produce violencia y muerte", afirmó Laura Zúniga, otra de las hijas de Berta Cáceres. Recordó que "el impacto de las represas no se mide por la cantidad de kilovatios que producen, sino por la cantidad de muertos".
Según Front Line Defenders, una organización internacional fundada en 2001 con sede en Dublín y especializada en proteger a los defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo en todo el mundo, "los proyectos de energía limpia están imitando los modelos de los extractivistas". La organización asegura que en Honduras, pero también en Brasil, Ecuador, México, Guatemala y Colombia, los activistas que los combaten "están sufriendo las mismas amenazas y ataques que los defensores que se oponen a industrias altamente contaminantes".
Las palabras de Berta Cáceres, pronunciadas el 19 de abril de 2015 en San Francisco War Memorial Opera House ante 3.000 personas tras recibir el Premio Goldman, siguen resonando hoy: "Nuestros ríos están gravemente amenazados. La Madre Tierra ha sido militarizada, vallada, envenenada. Construyamos sociedades que convivan de manera justa y digna para proteger la vida". Y como si fuera su epitafio final gritó: "¡Despierta! ¡Despierta, humanidad! ¡El tiempo se nos acaba!".
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