Marco Antonio Campillos llevaba más de veinte años en el Ejército cuando, el pasado noviembre, se vio obligado a abandonarlo en contra de su voluntad. Cumplidos los 45 y tras una vida de servicio en las Fuerzas Armadas, se quedó en el paro. No importaron la "vocación" ni sus "ganas de trabajar".
La de Marco Antonio, cabo primero, es la situación de muchos militares que, cumplida esta edad, se ven forzados a pasar a la reserva y cobrar una asignación mensual de 645 euros que difícilmente permite salir adelante. Todo ello a causa de la Ley de Tropas y Marinería. "Yo con 45 años no soy un anciano, estoy mejor ahora que cuando tenía 30", explica a Marco Antonio a 20minutos, que recalca que subsisten gracias al sueldo de su mujer.
Aprobada en 2006 y en el punto de mira de las asociaciones militares, esta ley obliga a estos profesionales a dejar las Fuerzas Armadas alcanzada esa edad y les ofrece pocas alternativas: ascender a oficiales (con una edad límite para optar), conseguir la permanencia mediante un concurso o presentarse a los cupos reservados a militares en las oposiciones de policías, Guardia Civil y algunas administraciones.
Si no, a la calle. "Al final, te resignas", lamenta Marco Antonio, que no entiende esta "fecha de caducidad" impuesta para tirarlos al "contenedor", después de superar cada año unas "exigentes pruebas físicas" independientemente de la edad. "Mucho ardor guerrero, muchos cursos, muchas guardias, muchas maniobras, mucho servicio, pero España es el único país que a los 45 años a su gente a la puñetera calle a buscarse la vida", se queja.
Ahora, el Ministerio de Defensa estudia recuperar algunos trabajos que fueron externalizados con empresas contratadas, como servicios de cocina, seguridad o limpieza, para concedérselos a los reservistas de tropa y marinería forzados a dejar las Fuerzas Armadas.
Marco Antonio entró en una unidad de combate del Ejército de Tierra con poco más de veinte años y ascendió a cabo primero, después de servir en destinos como Bosnia, Líbano o Afganistán. Después, se formó como profesor de autoescuela para impartir clases de conducción dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora, la Administración no le reconoce el título para trabajar en el ámbito civil y tampoco puede hacerlo en el militar.
"Sales a la vida laboral con una edad crítica para encontrar trabajo y una hoja en blanco. Me siento engañado, porque no es eso lo que nos prometieron", critica, al tiempo que asegura que estaría encantado de asumir esos servicios hasta ahora externalizados.
Sobre la posibilidad de recuperar servicios que fueron externalizados en las Fuerzas Armadas y consignarlos a estos profesionales se han pronunciado las asociaciones militares, que reciben la idea con "optimismo", pero también con "cautela". "En un principio es una solución más, una alternativa", dice Juan Carlos Tamame, presidente de la a Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).
"Habrá que ir viendo qué plazas les quieren asignar, si son dentro de los cometidos que venían desempeñando. Estos militares estaban prestando unos servicios, habrá que buscarles algo en consonancia. No tenemos tantos puestos para cocineros", matiza.
En este sentido, Tamame reclama que, hasta que se encuentre una solución para estos militares de tropa y marinería obligados a retirarse, "se paralice esta salida". Asimismo, apunta que ya existe un informe de la Subcomisión de Defensa del Congreso que recoge 40 medidas que podrían ayudar a incorporar a estos profesionales a la vida laboral. Entre ellas, señala, hay cupos en instituciones penitenciares o agentes de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid.
"Este año van a salir de las Fuerzas Armadas unos 1.600 profesionales, que se sumarán a los 1.500 que ya se han retirado desde que la ley entró en vigor. Se prevé que, a partir de 2025, se aparte a 3.000 cada año", apunta, en consonancia con unos datos facilitados por Defensa a finales de 2018, que cifraba en más de 50.000 los militares afectados por esta medida entre 2019 y 2036.
El secretario de Organización y Comunicación de la Asociación Unificada de Militares Españoles, Jorge Bravo, se muestra cauto con estas cifras y pide al Ministerio que ofrezca datos concretos y actualizados que tengan en cuenta las medidas proyectadas para paliar la situación.
"La ministra anunció que aumentaría esas plazas de permanencia, que en los últimos diez años han sido muy pocas, del orden de cien por convocatoria, y las llevaría hasta 700", apunta, e incide en que son menos los militares de tropa y marinería que se ven obligados a salir que los que se reubican de una manera u otra.
En cuanto a la medida de recuperar servicios externalizados, asegura que la reciben "con cautela" y la valoran "positivamente". No obstante, se muestra firme ante la necesidad de "derogar la Ley de Tropas y Marinería y la de Carrera Militar". "Está totalmente amortizada, ya no sirve para los estándares actuales de los ejércitos", recalca Bravo.
"Los mandos de la Armada y del Ejército del Aire han dicho que no echarían a nadie. Ese personal que se va tiene una gran formación y supone perder el activo humano mejor preparado en esas categorías", recalca, al tiempo que apuesta por "cambiar el modelo" e invertir los porcentajes de plazas temporales de tropa y marinería -ahora en torno al 15%- y fijas.
Sigue leyendo
No comments:
Post a Comment